La semana pasada los medios de comunicación difundieron el Dictamen que el Consejo de Estado emitió en el que se viene a reconocer oficialmente la responsabilidad del Ministerio de Defensa en el accidente del Yak-42 ocurrido en el año 2003 (se puede ver, por ejemplo, http://www.abc.es/noticias/abci-informe-yak-42-triunfo-parcial-para-victimas-201701070152_noticia.html o http://politica.elpais.com/politica/2017/01/02/actualidad/1483372797_140979.html).
El reconocimiento de la negligencia cometida por el Ministerio de Defensa encabezado por Trillo no nos tendría que sorprender. No obstante, es la primera vez que se reconoce formalmente que se actuó sin adoptar las medidas de diligencia debida, poniendo en riesgo (a sabiendas) la vida de los militares que, a la postre, fallecieron en el accidente.
El Dictamen claramente concluye que existía, con carácter previo al accidente, información suficiente que ponía de manifiesto las carencias y los riesgos que existían (revela, por ejemplo, que antes del vuelo Yak-42, el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra comunicó formalmente que el mantenimiento de dicho avión era muy dudoso). Se podían haber adoptado, por tanto, las medidas oportunas que hubieran garantizado la seguridad de las tropas. Sin embargo, el Ministerio de Defensa, a pesar de ello, decidió obviar dichas advertencias exponiendo a los militares a una situación que, lamentablemente, acabó con sus vidas.
El accidente del Yak-42, por tanto, no puede ser considerado como algo imprevisible dadas las circunstancias. Cuando se produce un daño previsible y evitable, solo cabe una conclusión: existe culpa por ese daño (máxime cuando ese daño es irreparable, la muerte de personas). Y al existir culpa, los responsables de ello deberían, como mínimo, pedir perdón.
A lo anterior se suma, además, que los militares caídos también fueron víctimas de negligencia post mortem, en cuanto a las labores de identificación de los cadáveres. Las actuaciones en este ámbito fueron también execrables (recomiendo ver y analizar las declaraciones de uno de los miembros de la Asociación de Víctimas del Yak-42 en http://www.huffingtonpost.es/2017/01/08/victima-yak42-sexta-noche_n_14034516.html).
Tal fue esta negligencia, que la Audiencia Nacional condenó a Vicente Navarro, José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez a penas de prisión por falsedad en las identificaciones de 30 de los 62 militares fallecidos. Ninguno de ellos está, actualmente, cumpliendo condena. Vicente Navarro murió sin llegar a cumplir condena. José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Saéz fueron indultados años después de la condena por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es más, ambos han continuado con la carrera profesional militar y han ascendido en el escalafón, ocupando actualmente un rango militar superior al que ocupaban cuando fueron condenados por falsedad.
Este indulto del Gobierno del Partido Popular a personas que, a sabiendas (por eso fueron juzgados y condenados), falsificaron documentos identificativos de compañeros militares es una muestra clara de desprecio hacia todos los españoles y, especialmente, hacia todos los militares que están dispuestos a defender nuestro Estado con su vida.
Resulta imposible encontrar argumentos que permitan justificar un indulto de estas características.
Lo mínimo que España puede hacer por sus soldados es garantizar que cuenten con los medios materiales suficientes y óptimos para el desarrollo de las misiones que se les encomienden. Que si fallecen en misión oficial, se les garantice un trato digno, que sean debidamente identificados, trasladados y reciban los honores pertinentes. El Gobierno del Partido Popular no solo no cumplió con estas exigencias mínimas, sino que premió a aquellos que fueron responsables directos de las negligencias cometidas.
Una falta de respeto que se ha venido manteniendo tras conocerse el Dictamen del Consejo de Estado.
Un Dictamen que, por cierto, era conocido por el Gobierno de Mariano Rajoy antes de la última investidura de éste (ver, por ejemplo, http://www.ara.cat/es/Consejo-Estado-Defensa-Yak-42-Rajoy_0_1720628088.html) pero que, convenientemente, no ha sacado a la luz hasta tiempo después. Su equipo no se ha “movido” hasta que la prensa se ha hecho eco de ello. Si los medios de comunicación no llegan a intervenir, Mariano Rajoy habría continuado con el silencio y nadie habría podido saber la verdad del caso. Es algo realmente preocupante y no es una posición propia de una Estado digno, civilizado y transparente.
Y no solo eso. También hemos podido ver cómo el Presidente del Gobierno hacía alusión a que el caso Yak-42 no merecía la pena volver a ser analizado o tratado públicamente porque “habían pasado muchísimos años de aquel suceso” (http://www.abc.es/espana/abci-rajoy-tras-dictamen-sobre-accidente-yak-42-afirma-caso-esta-sustanciado-judicialmente-201701031305_noticia.html) o al Ministro Catalá diciendo que Trillo no tenía por qué pedir perdón por la gestión que hizo del accidente (http://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-09/trillo-yak-42-catala-zoido-pedir-perdon_1313854/).
Cada cual es libre de opinar y de juzgar lo que estime conveniente. Desde luego, desde mi punto de vista, lo que ha quedado patente es (i) que Trillo y el Partido Popular actuaron sin la debida diligencia para/con nuestros compatriotas; (ii) que posteriormente ocultaron (a sabiendas) información que pudiera revelar esa negligencia; (iii) que ahora le siguen dando la espalda a los difuntos militares y sus familias; (iv) que, además, han permitido (después de conocer el Dictamen) que el máximo responsable (Trillo) haya seguido representando a España.
Y sabiendo lo que se sabe… ¿quién puede votar a un partido político que prefiere permitir que se falsifique la identificación de cadáveres con tal de no perder votos? ¿quién puede tener la intención de apoyar a un partido político que, de forma negligente, expone a nuestros militares a una clara y evidente situación de riesgo? ¿quién puede seguir pensando que el Partido Popular defiende los intereses generales de los españoles?
Tomás Gil Fuentes 