La injusticia en el voto.

La necesaria reforma del sistema electoral español.

Nadie duda sobre el “buen hacer” del actual sistema electoral y la vital importancia que tuvo durante la Transición y la estabilización de la democracia en España. La esencia y los elementos de aquellas primeras normas electorales perviven aún en el sistema electoral. Sin embargo, tampoco nadie puede negar ya que nuestro sistema electoral está completamente desfasado.

A día de hoy, han surgido muchas voces en el mapa político que claman por un cambio en el sistema electoral. No es de extrañar que se luche por este cambio tras los resultados electorales que se vienen produciendo (no únicamente en las últimas Elecciones Generales, aunque sí especialmente en estas últimas en las que Partidos Políticos como Ciudadanos – C’s resultaron tremendamente castigados por el sistema electoral y otros como el Partido Popular muy beneficiados).

Por contextualizar y poder justificar la idea principal de este breve y sucinto artículo, creo que es fundamental describir nuestro sistema electoral y su motivación para comprender los cambios que son necesarios implementar.

A tales efectos, y por comprender de una forma resumida nuestro sistema electoral podemos encontrar numerosos juristas que lo definen. En este sentido, tal y como define la Profesora Dña. María Fuencisla Alcón Yustas (El diseño del sistema electoral español. Las elecciones de 15 de junio de 1977”, Actualidad Administrativa, Nº 44, Sección Doctrina, Semana del 25 Nov. al 1 Dic. 2002, Ref. LVI, pág. 1221, tomo 3): “La fórmula de atribución de escaños consiste en la división sucesiva de los votos válidos obtenidos por cada partido, por el número de escaños a elegir en la correspondiente circunscripción electoral. Sistema, proporcional corregido, con listas bloqueadas y cerradas, que favorece a los partidos más votados, por lo que ha sido considerado un sistema «proporcional mayoritarizado”.

Conociendo las principales caracterizaciones del nuestro sistema electoral, y aprendiendo las concretas y sencillas definiciones de nuestro sistema electoral, se pueden observar ya los principales problemas que tiene España en el ámbito de su democracia interna.

Este es un paso clave que tiene que dar la ciudadanía española. Esa es la piedra angular sobre la que tiene que girar toda la política “reformista” española: la educación y la formación para comprender la situación actual, los problemas que se plantean y las posibles soluciones y alternativas para solucionar dichos problemas.

En este sentido, el Informe sobre la reforma del sistema electoral (Presentado a la Comisión de Estudios del Consejo de Estado en Diciembre 2008) era una fuente importante para adquirir conocimiento sobre la fundación del sistema electoral español vigente. Así, por ejemplo, el Informe de 2008 decía: “Óscar Alzaga (1989: 127), ha reconocido que el encargo que recibieron consistía en diseñar un conjunto de mecanismos que permitiera a Unión de Centro Democrático (UCD) alcanzar la mayoría absoluta de escaños en el Congreso con sólo el 36-37 por 100 de los votos, justamente el porcentaje que le auguraban las encuestas preelectorales”

Era, cuanto menos, curioso leer estas palabras. El sistema electoral español fue diseñado para manipular la democracia. Implementaron un sistema de representación proporcional “corregido” para garantizar una suerte de control sobre la composición del Parlamento. Es decir, el sistema electoral español estaba podrido antes de nacer.

Se diseñó un sistema electoral que no trata por igual a todos los ciudadanos españoles (daba más peso a un ciudadano de una provincia frente a otro de otra provincia). Esto es algo totalmente contrario al principio constitucional que se pregona en la Constitución Española de 1978 de que todos los españoles somos iguales sin que pueda prevalecer condición o circunstancia personal o social.

Si el voto de un ciudadano de una determinada provincia “computa” más que el de un ciudadano de otra provincia, ¿cómo es posible decir que todos los ciudadanos son iguales? 

Por otra parte, no hay que olvidar el dichoso principio elemental de nuestro sistema electoral de establecer listas cerradas y bloqueadas. Esta es otro de los aspectos clave en los que se vertebra el régimen electoral. Otro punto que, claramente, oprime a la esencia de la Democracia.

Nuestra Constitución Española no hace referencia alguna ni a la forma en que los candidatos deben aparecer agrupados a efectos de su elección ni al modo en que los electores pueden ejercer su voto, y que, por tanto, han sido los partidos políticos los que han creado un sistema electoral.

Un sistema electoral que instrumenta mecanismos de listas cerradas y bloqueadas es contrario al derecho fundamental que tienen (en teoría con la Constitución Española de 1978 en mano) todos los ciudadanos de elegir libremente, en elecciones periódicas, por sufragio universal, a los representantes. Si hay listas cerradas y bloqueadas, ¿cómo se puede hablar de libertad de elección?

De hecho, el Informe sobre las propuestas de modificación del régimen electoral general del Consejo de Estado de febrero de 2009 ponía de manifiesto esta circunstancia y decía, textualmente, que: “Durante la tramitación parlamentaria del proyecto de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), se formuló en el Congreso de los Diputados una enmienda que proponía añadir a este precepto el inciso “no cerrada y desbloqueada”, por entender que el sistema de lista cerrada y bloqueada tendía a “potenciar los aparatos electorales internos de los partidos en detrimento de la popularización de los candidatos”, enmienda que fue rechazada en el informe de la Ponencia al considerarse que dicho inciso resultaría “perturbador”.  Se adoptó, pues, un modelo de listas cerradas y bloqueadas, de manera que los votantes no pueden elaborar su propia lista escogiendo entre quienes figuran en diferentes candidaturas (lista cerrada), ni tampoco alterar el orden en que aparecen los candidatos de la lista finalmente elegida (lista bloqueada)”

Quedaba claro, como decía el Consejo de Estado en sus Informes que con el vigente sistema electoral, lo que existe es “un voto de opción a favor de una concreta lista en los términos en los que ha sido presentada”. Esto implica que, bajo el prisma de la ilusión, se entierra la capacidad de elegir a los gobernantes.

El motivo y causa que se buscaba al diseñar nuestro actual sistema electoral era favorecer a los partidos políticos (a los mayoritarios) y no a las decisiones de los ciudadanos. Ello contrastaba frontalmente con los principios básicos y derechos fundamentales sobre los que, en teoría, se fraguó la Constitución Española de 1978.

Por consiguiente, y con el fin de resumir brevemente los principales escollos ante los que se enfrenta el sistema electoral español, se puede decir que los principales problemas que tienen los ciudadanos españoles a la hora de intentar “democratizar” el Estado son (i) que los votos de los españoles no valen todos igual; (ii) que hay una escasa proporcionalidad entre los votos y los escaños de los distintos partidos; (iii) que hay una gran diferencia en la igualdad del voto de los electores españoles (v) que se da prioridad al hecho de pertenecer a una parte del territorio español (provincia) y no a todo el territorio nacional español; (vi) que se le da importancia al partido político y no al ciudadano; (vii) que nos encontramos inmersos en un sistema electoral caótico y complicado de entender y de explicar, en el que una cosa tan elemental para el conjunto de la ciudadanía como es elegir a su líder (que debería ser sencilla de entender: número de votos = número de escaños = representación en el poder) se convierte en un puzzle de una serpiente con tres cabezas; y (viii) que se establecen unas listas cerradas y bloqueadas que impiden la libertad en el ejercicio de la acción democrática.

Se supone que con el actual y vigente sistema electoral se busca, entre otras cosas, dotar de “equilibrio territorial en la representación”, sin embargo, la realidad demostrada es otra. La realidad es un cúmulo de problemas que hay que detectar para modificarlos y superar la desfiguración de nuestro sistema electoral.

El problema es que la provincia que elija un político para presentar su candidatura vale más, a efectos del cómputo de escaños, que el hecho de ser unas Elecciones Generales del conjunto de la Nación. Lo que debería importar es ser español, independientemente de la provincia en la que se vote. Es ridículo que en Murcia (por poner un ejemplo) cada escaño “cueste” más de 70mil votos, mientras que en otras provincias baste con poco más de 20mil votos. Es injusto que a partidos políticos emergentes (pero que han surgido para consolidarse) como, por ejemplo, Ciudadanos-C’s le “cueste” cada escaño aproximadamente más de 90mil votos, mientras que a otros partidos como, por ejemplo, el Partido Popular ni siquiera 60mil votos (http://politica.elpais.com/politica/2016/06/27/actualidad/1467014352_924244.html).

El problema es que se pretende vender la unidad de España desde determinados sectores, cuando, en el principio básico de nuestra democracia (la elección de los representantes y líderes), se está dividiendo a España por partes, descuartizándola, y atribuyendo autonomía a unidades sectoriales. Lo que debería importar es España, como Estado, y que existiera una única circunscripción territorial: la de España.

El problema es que el partido político pequeño que pretende tener implantación en España, que es votado por ciudadanos españoles, que es apoyado ideológicamente por personas de su misma sintonía, puede no llegar a tener representación aun cuando su porcentaje de votos daría derecho a tener más representación que otros partidos políticos que, con menor número de votos, sí que tienen representación parlamentaria (por ejemplo, en las últimas Elecciones Generales ha ocurrido con PACMA que, a pesar de tener unos 100mil votos más, aproximadamente, que EH-BILDU, ésta última consiguiera 2 escaños, mientras que PACMA no consiguiera ninguno).

No es aceptable que se le otorgue más valor a un territorio dentro de España (una provincia) que al conjunto de la Nación. No es aceptable que se tenga en cuenta al lugar por el que se presenta un partido político antes que a España entera y al ciudadano español. Es injusto, es desmedido, es intolerable y es inaceptable.

El problema es que, a día de hoy, aquella idea de libertad, de democracia “real”, se ha ido ensuciando y contaminando. España, lejos de tener un sistema electoral representativo de todos los ciudadanos por igual, ha dado lugar a un sistema electoral complejo. De hecho, más que un sistema electoral se puede decir que hay varios sistemas electorales encubiertos dentro de una apariencia de “un” sistema electoral.

El problema es que el ciudadano no elige a sus líderes libremente puesto que les están limitando su capacidad de poder decidir quién va a ser ese líder, quién va a guiar su destino, quién va a hacer uso del caudal público.

Que nadie se lleve las manos a la cabeza, que nadie se exalte, que nadie blasfeme cuando alguien afirme que vivimos una grave crisis de nuestro modelo institucional. El sistema electoral español está hecho para y por ciertos partidos políticos. Esto no es democracia, esto no es capacidad de decisión, esto no es representación real.

A la población española se le vende una idea (o una ilusión mejor dicho) de democracia y de libertad de poder elegir a sus gobernantes, y se encontraban con una realidad totalmente diferente. La población está anclada en un eufemismo. Es irónico encontrarnos en una forma de Estado que, bajo el lema de “Democrático”, encubre una Dictadura de Partidos.

El pueblo (en el que la Constitución Española hace residir la soberanía nacional) tiene cada vez menos peso y es abandonado como si de un barco sin timón se tratara. Cabe pues preguntarse: ¿ha dejado de estar la soberanía en el pueblo español? Alguna persona me podrá contestar: ¿es que alguna vez estuvo? Quienes respondieran con esa pregunta no estarían muy alejados de la realidad. Famosa fue la frase de un célebre político que dijo: “¿Qué tiene que ver el Parlamento con la calle?”

No es de extrañar que los ciudadanos manifiesten duras críticas hacia ese nefasto sistema electoral. No hay que buscar poder, no hay que buscar dinero, no hay que buscar protagonismo.

Hay que buscar y querer cambiar España, empezando por la reforma del sistema electoral español y garantizar un funcionamiento futuro de España que se aleje de la corrupción. Hay que buscar construir, nuevamente, una España de los españoles. Una España que no sea de los ricos y poderosos, sino de todos los ciudadanos independientemente de su clase o estamento social. Una España que no sea de los Partidos Políticos, sino de quien demostrara merecer ser el líder de la Nación (sirviendo los Partidos Políticos como instrumento y canal del ejercicio del poder que reside en la Ciudadanía).

Por el bien de los ciudadanos, por el bien de España e, incluso, por el bien de la política ¡Hay que modificar nuestro sistema electoral!

Por suerte, creo que estamos asistiendo al principio de una regeneración (que llevará su tiempo y será costoso). Un proceso que deberán impulsar Partidos Políticos que no estén corrompidos por la realidad de la injusticia creada y mantenida durante todos estos años. Creo, honestamente, que Ciudadanos-C’s va a jugar un papel clave y fundamental en este aspecto, si bien, se requiere del apoyo ciudadano y la conciencia social de la necesidad de este cambio.