Repudio a las amnistías fiscales.

Esta semana leía en prensa que la Fiscalía descubría una amnistía masiva de españoles en los “Papeles de Panamá” (ver http://www.elconfidencial.com/espana/2016-07-12/papeles-panama-amnistia-masiva-espanoles_1231469/). Es decir, que la mayoría de los defraudadores que aparecían en los “Papeles de Panamá” se habían acogido a la amnistía fiscal de Montoro.

Es cierto que la de 2012 no ha sido la primera en España de nuestro período constitucional (también podemos encontrar, por ejemplo, las socialistas de 1984 o la de 1991).

No obstante, tal y como señalan determinados autores, las de 1984 y 1991 fueron selectivas y obligaban a comprar deuda pública, mientras que la de 2012 fue generalista, indiscriminada y no establecía la obligación de comprar deuda pública (v.gr. Alberto Vaquero García en “¿Son eficaces las «amnistías fiscales»? Un análisis económico”).

La de 2012 fue diferente. En palabras de Juan Carlos Vergez “Con carácter general la “amnistía fiscal” de 2012 (…) está destinada a favorecer la regulación de los saldos totales que vengan de otros territorios o afloren en nuestro país, sometiéndose el contribuyente a una regularización a cambio de pagar un “gravamen especial”, independiente del volumen defraudado y exonerado de cualquier penalización o sanción” (La amnistía fiscal en el RD-ley 12/2012, de 30 de marzo).

Con esta medida el Gobierno pretendía recaudar 2.500 millones de euros. Sin embargo, únicamente se acogieron unos 31mil contribuyentes que permitieron que se recaudase poco más de unos 1.200 millones de euros (menos de la mitad de lo previsto). Eso sí, se pudo comprobar que con estos contribuyentes “acogidos” existían más de 40mil millones de euros sin declarar (casi nada).

Tal y como recogen determinados medios de comunicación “Entre quienes se acogieron a la amnistía hay nombres relevantes: además de Rato, en esa lista están el extesorero del PP Luis Bárcenas y el empresario Fernando Martín. También dos hijos del expresidente catalán Jordi Pujol (Josep y Oleguer) y el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres.” (http://politica.elpais.com/politica/2015/04/17/actualidad/1429303007_250164.html).

No hay que olvidar que ese año (2012), el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, estimaba en más de 90.000 millones de euros el volumen del fraude fiscal en España. Ese mismo año, la UE indicaba tentativamente que el fraude fiscal en España representaba más de 19% del PIB.

Si hubiera una verdadera voluntad política y una correcta inversión en la prevención del fraude fiscal, los defraudadores podrían haber sido detectados y, en su caso, procesados. Que a nadie se le olvide que los que se acogieron a la amnistía fiscal podrían haber sido enjuiciados como delincuentes (persona que comete delito), dado que el delito de fraude fiscal se consuma en el instante en el que concluye el período legal o reglamentariamente establecido para la práctica de la declaración-liquidación del tributo cuyo pago se elude.

Sin embargo, esta medida otorga una “excusa absolutoria” (actualmente recogida en el Código Penal), de tal forma, que no se les podrá perseguir por esas declaraciones fraudulentas.

Con una amnistía fiscal, el mensaje que se lanza desde el Gobierno a la ciudadanía es muy peligroso puesto que (i) se permite que los defraudadores eviten las responsabilidades legales (incluso las penales); y (ii) se concede una ventaja competitiva al defraudador (al obtener una rebaja fiscal) que no se otorga al contribuyente que cumple escrupulosamente con sus obligaciones tributarias y fiscales.

En definitiva: en lugar de premiar al cumplidor y honrado, se concedió una “gratificación” al defraudador. En lugar de invertir en la prevención del fraude fiscal y dotar de los recursos humanos y materiales pertinentes y necesarios, se prefirió “favorecer” el incumplimiento.

Por otra parte, tampoco se puede dejar de lado el hecho de que nuestra Carta Magna consagra que la contribución económica se tiene que realizar mediante un sistema tributario inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Con la amnistía fiscal, desde luego, se anula la Constitución Española en tanto que (i) no todos contribuyen por igual (los defraudadores acaban contribuyendo en condiciones diferentes más beneficiosas); y (ii) no se garantiza un sistema progresivo (los defraudadores con grandes fortunas acaban pagando un porcentaje inferior al que pagan las personas con rentas inferiores).

Por ello, comparto plenamente la propuesta planteada por Ciudadanos (C’s) consistente en aumentar la factura fiscal de los que se acogieron a la amnistía fiscal del 2012 (http://www.abc.es/economia/abci-amnistia-fiscal-truco-o-trato-201510291800_noticia.html).

Es una medida que paliaría, parcialmente, el daño que se produjo a las arcas españolas por el dinero dejado de ingresar de esos defraudadores.

El dinero de la defraudación puede representar un volumen insospechable. Tanto, que podría permitir atender necesidades del Estado español que se han dejado de atender como consecuencia de la política de recortes del Partido Popular (es decir, que este partido con las medidas adoptadas ha favorecido la factura fiscal de los defraudadores y ha incrementado la desigualdad con las políticas implementadas).

Fijémonos, como bien dice Maite Vázquez del Rio, que “Si todas las actividades y dinero fueran declarados la economía española tendría superávit y no hubieran sido necesarios tantos recortes durante la crisis económica que afectaron de lleno al Estado de Bienestar de los ciudadanos al verse obligado el Gobierno a recortar partidas en sanidad, educación o reduciendo de forma significativa el Fondo de Reserva de la Seguridad Social” (“La economía sumergida, un lastre para España”).

La verdad es que la suma es muy fácil porque si España tiene un déficit del 5% y hay una economía sumergida de, aproximadamente, el 20%, es concluyente que si todos aportásemos lo que tenemos que aportar al sostenimiento del Estado, España probablemente no atravesaría una situación de déficit.

Se puede cometer un error en una declaración tributaria. Todos somos humanos y podemos equivocarnos. Pero muy diferente es aquel que, a sabiendas, de forma dolosa, omite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la finalidad de contribuir menos al Estado, egoístamente para beneficio propio.

Estoy cansado de escuchar a las personas que se les llena la boca de proclamar el amor a los cuatro vientos por la bandera nacional y que, sin embargo, puentean la normativa española para beneficio propio. Estoy cansado de la actitud de las personas que, conociendo estas actividades de ciertas personas, felicitan al defraudador por su “inteligencia” y, sin embargo, insultan a los que critican al Gobierno. Estoy cansado de tener que ver cómo la pobreza extiende sus raíces en la ciudadanía española y, sin embargo, ciertas personas siguen sin contribuir al sostenimiento del Estado español provocando ello la necesidad de hacer recortes que afectan de forma desigual al pueblo español.

La mejor bandera es cumplir con tu Estado.

Mientras estas actuaciones se vean favorecidas por el Gobierno seguirá existiendo fraude fiscal. Mientras que el fraude fiscal sea una práctica casi habitual en ciertos sectores de actividad, seguirán existiendo problemas estructurales presupuestarios. Mientras no se ataje esta lacra (por todos), seguiremos teniendo un sistema viciado.

Hay que invertir más en prevenir el fraude fiscal. Hay que invertir más en la concienciación social, a través de la Educación, para que el fraude sea desterrado de la actividad de la ciudadanía.