En virtud del Auto del Tribunal Superior de Justicia de 20 de febrero de 2017 y de la aclaración del Auto de 21 de febrero de 2017, respecto al “Procedimiento: Dpa Diligencias Previas 0000002 /2017”, (i) se han incoado Diligencias Previas en relación con la comisión de posibles delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos; y (ii) se señaló el día de ayer, 6 de marzo de 2017, a las 10 horas de la mañana, para que tuviera lugar la declaración en calidad de investigado de Don Pedro Antonio Sánchez López.
Todo ello sobre la base de que, a día de hoy, existen (al menos) dos informes oficiales que sostienen la acusación frente a Pedro Antonio Sánchez (http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/06/los_dos_informes_oficiales_los_que_basa_acusacion_contra_presidente_murcia_62014_1012.html). De hecho, existe un informe de un arquitecto independiente que cifra el perjuicio que sufrieron las arcas públicas por la actuación de Pedro Antonio Sánchez en más de dos millones de euros.
A raíz de la investigación judicial a Pedro Antonio Sánchez, el revuelo político en la Región de Murcia ha inundado el caudal mediático regional, nacional e, incluso, internacional. La sombra de la corrupción vuelve a enfangar la ya de por si deteriorada imagen de la clase política española y, muy especialmente, de la Región de Murcia.
A pesar de los esfuerzos de determinadas formaciones políticas por erradicar contundentemente la lacra de la corrupción de las Administraciones Públicas y los equipos de gobierno nacional, autonómico y local, todavía asistimos a este pan y circo de los charranes que ningunean el respeto y la honorabilidad de nuestras instituciones.
A pesar de que la macha de la corrupción se ha intentado limpiar en la política de nuestro país, todavía tenemos que soportar que el Partido Popular siga defendiendo que Pedro Antonio Sánchez tiene que seguir ocupando el cargo de Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
A pesar de la literalidad manifestada por el Tribunal Superior de Justicia, muchos miembros del Partido Popular se han esforzado enormemente en proteger a su líder regional utilizando argumentos con la finalidad de confundir a la ciudadanía.
Así, por ejemplo, Teodoro García Egea en el programa “El Cascabel” de 13TV dijo que “Parece que en Murcia se quiere ganar en los juzgados lo que no se ganó en las urnas”. Una manifestación que falta a la verdad, toda vez que las urnas no dieron el gobierno de la Región de Murcia al Partido Popular. De hecho, esto lo puse de manifiesto en Twitter (https://twitter.com/tomasgilfuentes/status/833991474006130692).
Otro ejemplo a considerar podría ser el de Noelia Arroyo Hernández (Consejera de Cultura y Portavocía de la Región de Murcia) que en el programa “Hoy por hoy” de la Cadena Ser vino a decir que Pedro Antonio Sánchez únicamente estaba citado en el procedimiento. La condición de investigado de Pedro Antonio Sánchez resulta claramente del Auto del Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, cualquier otro argumento que pretenda hacer más laxa la condición de investigado carece de rigor y atenta con la verdad. Este hecho lo expuse públicamente también en Twitter (https://twitter.com/tomasgilfuentes/status/833989772246908928) para que los seguidores pudieran recibir, por lo menos desde mi parte, una información veraz.
Otro de los argumentos que han venido repitiendo constantemente desde el Partido Popular es que Pedro Antonio Sánchez había sido denunciado ya en 16 ocasiones y nunca había resultado satisfactoria ninguna de las acciones legales. En este punto, cierto sector de la prensa se ha encargado de hacer bien su trabajo e investigar si estas afirmaciones del Partido Popular son ciertas. A estos efectos, podéis consultar http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/26/las_denuncias_archivadas_que_alega_defensa_del_presidente_murcia_nunca_existieron_61575_1012.html para comprobar que este argumento del Partido Popular, nuevamente, vuelve a ser falso. Un argumento falso, por más que se repita, no va a dejar de ser falso. Esto parece que no lo han entendido en el seno del partido del charrán (no es una gaviota, es un charrán decía el creador del logo, Fernando Martínez Vidal).
Todos estos argumentos ofrecidos obvian deliberadamente dos puntos clave. En primer lugar, que el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se comprometió públicamente a cesar en dicho cargo cuando se produjera la citación del Tribunal Superior de Justicia. En segundo lugar, que el Partido Popular gobierna esta legislatura en la Región de Murcia gracias a un Pacto de Investidura con Ciudadanos que expresamente indica, en su Punto 1, que “el Partido Popular y Pedro Antonio Sánchez López asumen su cumplimiento expresamente para separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”.
En relación con esta última cuestión (Pacto de Investidura en la Región de Murcia), conviene señalar que han existido un gran número de manifestaciones cruzadas entre azules y naranjas al respecto. La prensa se ha hecho eco de estas declaraciones de ambas formaciones políticas. Se puede ver, por ejemplo, http://politica.elpais.com/politica/2017/02/20/actualidad/1487601055_332489.html.
En estas declaraciones realizadas por el Partido Popular se ha venido protegiendo a Pedro Antonio Sánchez y alegando que en ningún caso se incumple el Pacto de Investidura si Pedro Antonio Sánchez no dimite porque, para ellos, “imputado” no es “investigado” sino “encausado”. Con esta actitud, por cierto, están claramente demostrando que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que promovieron ellos mismos no era para beneficio del interés general de los españoles sino para el interés particular de su partido y los suyos.
Por su parte, en las manifestaciones públicas realizadas desde Ciudadanos, por el contrario, se ha afirmado de forma contundente que Pedro Antonio Sánchez debería dimitir en cumplimiento del Pacto de Investidura.
Como consecuencia de este enfrentamiento entre naranjas y azules, de hecho, el jueves 2 de marzo tuvo lugar la reunión entre Pedro Antonio Sánchez y Miguel Sánchez (Ciudadanos) que se anticipaba como clave para el devenir político del Presidente de la Región de Murcia. Tal y como se pudo conocer, éste último decidió no ceder ante las peticiones del partido naranja. Ante tal situación, tras la meritada reunión, Miguel Sánchez anunció que (i) desgraciadamente, Pedro Antonio Sánchez se había enrocado; (ii) el Partido Popular había roto el Pacto de Investidura; y (iii) no se descartaba ninguna acción política. Se puede leer al respecto en http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/03/02/mediodia-palacio-aguirre/809974.html.
Al margen de las disquisiciones jurídicas sobre el alcance del término “investigado” y “encausado” al sustituirlo por “imputado” (que ladinamente modificó el Partido Popular para su beneficio propio), la realidad incuestionable es (i) que el Partido Popular y Pedro Antonio Sánchez firmaron un pacto con Ciudadanos que, si bien es cierto que no tiene la mejor de las redacciones desde un punto de vista técnico-jurídico, sí que deja clara la voluntad y exégesis del acuerdo; y (ii) que el propio Pedro Antonio Sánchez, parece que probablemente en un alarde de fanfarronería, se comprometió públicamente a cesar en el cargo si llegaba a la situación a la que ha llegado.
Es decir, la situación de hecho es clara y no admite lugar a dudas. El Partido Popular y Pedro Antonio Sánchez (personalmente) han incumplido manifiestamente (i) los compromisos asumidos expresamente en virtud del Pacto de Investidura; y (ii) la palabra dada a los ciudadanos de la Región de Murcia.
Aún a pesar de la realidad incuestionable, tras la ruptura del Pacto de Investidura en la Región de Murcia (provocada por un manifiesto incumplimiento del Partido Popular y Pedro Antonio Sánchez), los miembros del partido azul han negado la mayor y han pasado a la ofensiva: han advertido que una moción de censura conllevaría riesgos para la estabilidad de la Región de Murcia.
Está claro que una moción de censura o una convocatoria de elecciones anticipadas puede generar inestabilidad política y presupuestaria para la Región de Murcia. No hace falta ser un iluminado para llegar a esa conclusión.
Por esa misma razón, Ciudadanos ofreció al Partido Popular una solución digna pensando en el beneficio de los ciudadanos de la Región: que buscaran otro candidato distinto dentro de su misma formación política. Es decir, Ciudadanos propuso que el Partido Popular sustituyera a la persona que ocupara el cargo de Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Este ofrecimiento incluso lo planteó el Presidente nacional de la formación naranja Albert Rivera (ver, por ejemplo, http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-06/pedro-antonio-sanchez-imputado-declaracion-murcia-juicio-corrupcion_1342910/).
Sin embargo, a pesar del ofrecimiento de buena fe del partido naranja, el Partido Popular decidió hacer caso omiso a la oferta de Miguel Sánchez y adoptó la postura unilateral incongruente de mantener, a toda costa, al señor que está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia por la comisión de posibles delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.
Es decir, el Partido Popular ha tenido en su mano la posibilidad de actuar de tal forma que no hubiera provocado ninguna inestabilidad política y presupuestaria para la Región de Murcia: cambiar a Pedro Antonio Sánchez por otra persona de su mismo grupo político. Ciudadanos habría seguido manteniendo el apoyo parlamentario y no habría habido ocasión para una moción de censura por tal motivo.
Sin embargo, el Partido Popular ha pensado en sus propios intereses (valga la redundancia) y ha vuelto a demostrar que no piensa en el interés general de los murcianos. Prefiere que se presente una moción de censura, antes que apartar del gobierno de la Región de Murcia a una persona investigada judicialmente que ha mentido públicamente.
La estrategia política del Partido Popular es clara: la oposición es mala porque fuerza una moción de censura. No nos olvidemos que los que han provocado esta situación son ellos. Nadie más. El que está siendo investigado forma parte del equipo de gobierno, no de los equipos de la oposición. No se puede permitir que se difunda públicamente la idea contraria. Es inmoral hacer ese discurso. Es absurdo comprar esa argumentación.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, las próximas actuaciones políticas van a ser complejas y no van a dejar indiferente a nadie. Van a ser fundamentales para el futuro de la Región y no tienen por qué ir de la mano de las actuaciones judiciales. Puede que la sociedad civil tenga que participar más activamente y, para ello, los ciudadanos tienen que olvidarse de la pertenencia a bandas, ser objetivos y sancionar públicamente la corrupción y la mentira.
Independientemente de la declaración de ayer de Pedro Antonio Sánchez ante el juez instructor del procedimiento (en la que parece que el Presidente quiso trasladar toda la responsabilidad a los técnicos como pone de manifiesto, por ejemplo, http://cadenaser.com/emisora/2017/03/06/radio_murcia/1488787797_308934.html), no se puede demorar el juicio político a Pedro Antonio Sánchez por sus incumplimientos dolosos frente a la ciudadanía.
Tomás Gil Fuentes 