Inconstitucionalidad de la Amnistía Montoro.

El pasado 16 de julio de 2016 publiqué en mi Blog un artículo bajo el título “Repudio a las amnistías fiscales” (https://tomasgil.net/2016/07/16/repudio-a-las-amnistias-fiscales/) en el que analizaba la amnistía fiscal del año 2012 promovida y ejecutada por el Gobierno del PP.

En dicho artículo, como podrán comprobar, ya anticipé, entre otras cosas, que con la referida amnistía “se anula la Constitución Española en tanto que (i) no todos contribuyen por igual (los defraudadores acaban contribuyendo en condiciones diferentes más beneficiosas); y (ii) no se garantiza un sistema progresivo (los defraudadores con grandes fortunas acaban pagando un porcentaje inferior al que pagan las personas con rentas inferiores)”.

Ahora, el Tribunal Constitucional (en Sentencia de 8 de junio de 2017) ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la amnistía de 2012. Entre otras cosas, la referida Sentencia indica que la amnistía del PP vulnera la Constitución Española en tanto que, entre otras cosas (i) afecta de forma relevante al deber constitucional de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; y (ii) ha alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes.

Dos de los factores más importes que ha valorado el Tribunal Constitucional (que también los advertí en el artículo publicado el 16 de julio de 2016) para llegar a la conclusión de la inconstituconalidad de la amnistía son (i) que se aplicó un tipo reducido; y (ii) que se eximió a los defraudadores de pagar intereses de demora, recargos y sanciones por los incumplimientos.

Al margen de lo anterior, resulta especialmente relevante una afirmación de la Sentencia en cuestión que indica que la amnistía del PP “en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”.

En consideración de ello, y teniendo en cuenta que, de acuerdo con el principio constitucional de seguridad jurídica, no se pueden revisar las situaciones jurídico-tributarias de los que se acogieron a la amnistía del PP, ¿qué responsabilidades van a ser exigidas al equipo de Gobierno de Rajoy?

El daño económico que se ha ocasionado con esta medida fiscal ha sido tremendo para las arcas del Estado. Ello sin obviar que los miembros del ejecutivo habrían sido plenamente conocedores de la actuación contraria a Derecho que estaban promoviendo y ejecutando.

Por tanto, resulta obvio afirmar que debería existir una responsabilidad política de las personas que implementaron esta medida fiscal. La capacidad del PP para gestionar y defender el interés general de los españoles claramente ha quedado desvirtuada. Ha quedado demostrado que no han cumplido con su obligación y han abdicado en pro de los defraudadores.

Ahora bien, ¿podría exigirse algún otro tipo de responsabilidad adicional a estos políticos que, conscientemente, han provocado un daño económico a las arcas del Estado?

A tales efectos, me planteo la necesidad de abrir vías más allá de las políticas. Así, por ejemplo, entiendo que hay que partir de la base de que legalmente está reconocida la posibilidad de ejercitar acciones judiciales para el reintegro a la Administración Pública (el Estado en este caso) los daños que se hayan ocasionado por autoridades, funcionarios o agentes que hayan incurrido en responsabilidad por dolo, culpa o negligencia grave.

En este sentido, teniendo en cuenta que el Estado no se puede exigir a sí mismo una responsabilidad patrimonial propia y que Montoro es Ministro de Hacienda (y, como tal, es una autoridad pública como afirmó la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1986 que reconoció que los Ministros son autoridades); me pregunto ¿podría abrirse esta vía legal referida en el párrafo anterior frente a los miembros del equipo de Gobierno del PP para «recuperar» el daño ocasionado por éstos al patrimonio público?

Entiendo que es indudable que la amnistía del PP ha ocasionado un daño económico a las arcas del Estado y el patrimonio público y considero que es incuestionable que quienes promovieron y ejecutaron la amnistía sabían perfectamente que ésta no era ajustada a Derecho y que la misma implicaría una menor recaudación que la que correspondería realmente a los defraudadores (perjudicándose así los derechos de crédito del Estado). Además, desde mi punto de vista, existiría un claro e inequívoco nexo causal entre el daño al Estado y la acción del equipo de Gobierno del PP.

No pretendo en este artículo analizar jurídicamente las posibles acciones legales, sino simplemente resaltar que, si de verdad la voluntad es el proteger el interés general de los españoles, se activarían por quienes tienen competencia para ello mecanismos para tratar de paliar el daño ocasionado al patrimonio público.

Algunos partidos políticos (como, por ejemplo, Ciudadanos o PSOE) han movido ya ficha para exigir responsabilidades (ver, por ejemplo, http://www.expansion.com/economia/politica/2017/06/16/5943d4f9268e3e96788b4600.html o http://diario16.com/psoe-pide-la-reprobacion-montoro-la-amnistia-fiscal/). Sin embargo, todas estas acciones parecen apuntar únicamente a exigir a Montoro una responsabilidad política, dejando a un lado cualquier otro mecanismo legal.

Lo cierto es que este tipo de exigencias limitadas a una responsabilidad política están bien desde el prisma político, pero parecen no estar afectando en gran medida al Ministro puesto que todo apunta a que no estaría dispuesto a cesar en su cargo a pesar de haber recibido un soberano varapalo del Tribunal Constitucional (ver, por ejemplo, http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/montoro-amnistia-fiscal-6099843).

Esto evidencia la necesidad, entiendo, de buscar otras alternativas más contundentes. Y pregunto: ¿Actuaría igual Montoro si supiera que le podrían exigir responsabilidad personal patrimonial?

Lo que está claro es que el interés general de los ciudadanos y el patrimonio público se ha visto perjudicado por culpa directa del PP y si nadie “compensa” el daño económico ocasionado a las arcas del Estado todo quedará en un «mero» intercambio de acusaciones políticas.