Prioridades políticas. Consecuencia: Desigualdad.

La desigualdad en España crece, la pobreza (especialmente la severa) se consolida entre la ciudadanía, las brechas salariales en España son cada vez más patentes, las diferencias entre las distintas clases sociales en España son cada vez mayores… Todas estas afirmaciones son una misma realidad que es, a día de hoy, incuestionable.

Esto es sintomático de una gran dejación por parte del Gobierno en el control social. Estos cuatro últimos años han sido, en términos de equilibrio, igualdad y cohesión social los peores que se recuerdan de este período democrático.

No es una información o una afirmación que pueda decir yo (que puedo no tener credibilidad en lo que digo). Se trata de información y afirmaciones corroboradas con informes oficiales, objetivos y alejados de cualquier corriente y corte político.

Así, por ejemplo, el Informe sobre exclusión y desarrollo social en España del 2014 de la Fundación FOESSA indicaba que España se había convertido en uno de los países de la Unión Europea con un reparto más inequitativo de la renta.

Por otra parte, el Informe elaborado por Cáritas en febrero de 2015 relativo a impacto de la crisis en los países vulnerables de la Unión Europea ponía de manifiesto que las medidas de austeridad impulsadas desde la UE, y el grave deterioro de la situación del mercado laboral (por ejemplo, el desempleo y la pobreza activa) habían alimentado aún más la pobreza y la exclusión social. De hecho, el referido informe indicaba que el crecimiento económico y del empleo no puede lograrse mediante la creación de puestos de trabajo inestables y precarios.

Asimismo, el Informe de Análisis y Perspectivas de la Fundación FOESSA “Empleo Precario y Protección Social” de 2015 insistía en (i) que la recuperación no había llegado a los hogares más pobres, (ii) que el impacto producido profundamente regresivo sobre la estructura de rentas de los hogares españoles, era cada vez más difícil de invertir; (iii) que las dificultades para llegar a fin de mes afectaban a más de un 40% de la población española; y (iv) que el agravamiento de las situaciones de desigualdad y pobreza ha llevado a la sociedad española a niveles estructurales de vulnerabilidad.

Instituciones de renombre en el ámbito del control de la igualdad social también se han pronunciado durante estos años de crisis, haciendo especial hincapié en la grave situación generada en la ciudadanía durante los últimos 4 años.

Así, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo Que existía una creciente desigualdad del ingreso, en términos de la distribución funcional y personal del ingreso.

También el Instituto Internacional de Estudios Laborales ha llegado a afirmar durante este periodo con rotundidad (i) que la distribución de la renta ha pasado a ser más desigual, pues el coeficiente de Gini se ha venido incrementando desde 2007; y (ii) que los importantes recortes en los salarios (en el sector público pero también en el privado) y en la inversión pública, junto con la re-estructuración del sector bancario y la mala situación de la economía mundial, habían tenido un impacto muy negativo sobre la economía española.

Los medios de comunicación (especialmente los extranjeros alejados de las presiones que lamentablemente se viven en España) también se han hecho eco durante estos cuatro años de la terrorífica brecha que existe entre los ciudadanos españoles y cómo ha ido en aumento durante estos años.

Así, por ejemplo, “The Economist” llegó a publicar que un empleado medio de una compañía grande española debió trabajar hasta ocho días para igualar la cifra obtenida por su consejero delegado en apenas una hora. La revista “Alternativas Económicas” incluso cifró literalmente que “El sueldo de los ejecutivos es 127 veces el de un trabajador medio”.

Autoridades oficiales como, por ejemplo, el Comisario de la Unión Europea para la defensa de los Derechos Humanos vino a decir que (i) estaba profundamente preocupado por la creciente tasa de pobreza infantil en España, ya que aproximadamente un tercio de los niños corrían el riesgo de caer en la pobreza, (ii) que la disminución de las prestaciones familiares había conducido a que algunos niños vivieran en la indigencia y tengan problemas de nutrición; (iii) que le preocupan en particular las consecuencias de la drástica disminución de las subvenciones concedidas para comidas escolares, que oscilaba entre el 30 y el 50% en varias comunidades autónomas, lo cual había conducido a la malnutrición de un número creciente de niños de familias empobrecidas; y (iv) que los servicios sociales y de atención sanitaria en España habían experimentado importantes recortes presupuestarios desde 2012, lo que había tenido repercusiones desfavorables en la disponibilidad, accesibilidad y calidad de estos servicios.

Lo peor de todo ya no es la situación (por mal que suene decirlo), sino que el propio Gobierno de la Nación se ha venido encargando de empeorar la situación. Así, con la situación calamitosa que ha existido a comienzo de cada uno de estos últimos cuatro años, el Gobierno ha venido sacando adelante unos Presupuestos Generales que han marcado una clara tendencia de persecución de los más desfavorecidos.

Los presupuestos del Estado Español durante estos últimos cuatro años han agravado las condiciones de vida de los ciudadanos más castigados por la crisis, especialmente los parados. 

Los políticos del Partido Popular han estado escudando esta actitud de recorte en la inversión del Gasto Público y, especialmente, en Sanidad y en Educación por la “herencia” dejada por el Partido Socialista Obrero Español en cuanto a la deuda pública. Afirmación engañosa y manipuladora porque, exponencialmente, el Gobierno de Rajoy ha sido el que más ha aumentado la deuda pública española. De hecho, con los últimos presupuestos de Zapatero, la deuda pública ocupaba un 69,16% del PIB, mientras que el Gobierno de Rajoy fue aumentando este porcentaje en el año 2012 (pasando a un 84,44%), en el año 2013 (pasando a un 92,09%) y así sucesivamente hasta alcanzar, actualmente, casi el 100% del PIB actual.

Esa deuda pública engrosada por la asistencia financiera a las entidades bancarias es la que está dilapidando el crecimiento económico de España y lastra cualquier atisbo de recuperación.

Esta forma de actuar del Gobierno de España comandado por Mariano Rajoy resulta muy chocante, máxime cuando la historia ya nos ha enseñado que hacer pública una deuda privada de tal envergadura puede arrastrar al Estado hacía una situación económicamente insostenible. Sirva como ejemplo, Argentina.

Por si fuera poco todo lo anterior, los ciudadanos tienen que seguir expectantes ante el discurso de la eterna promesa de la recuperación. El Gobierno ha venido escondiendo su mentira de recuperación económica del pueblo español bajo la vestimenta del “crecimiento del PIB”.

Expertos en la materia (como, por ejemplo, Lucas Chancell o Damien Demailly) han dicho que el PIB no proporciona ninguna información sobre el nivel de bienestar que experimentan los miembros de una sociedad ni sobre la evolución de las desigualdades. Por tanto, hacer alusión al supuesto crecimiento del PIB como sintomático de una recuperación económica y como dato clave para determinar la salida de la crisis es manipular la realidad y engañar a la ciudadanía. 

Bajo el paraguas de las cifras (especialmente del PIB) se pretende seguir engañando a la población española, haciéndoles creer falsamente que España se está recuperando y que ello va a implicar la mejora del bienestar de la población. Ello sin olvidar que muchos economistas vaticinan ya una recesión para el año 2017 (de la cual no habla Mariano Rajoy).

Todo lo anterior es fundamental tenerlo en cuenta cuando se habla de desigualdades y de integración social porque la exclusión social incide en aspectos de la sociedad de distinta naturaleza y calado (desde la capacidad de poder encontrar un trabajo digno hasta la violencia de género). Es fundamental que se realice una inversión consolidada, estable y de gran envergadura en recursos y medios sociales para evitar que los aumentos de la pobreza se conviertan en problemas estructurales (en lugar de efectos transitorios de una crisis económica). Es esencial reducir la brecha salarial (desde abajo para que la parte más desfavorecida de la población no sucumba en la pobreza).

Estas medidas se tienen que adoptar desde el Gobierno de la Nación, pero también desde las restantes instituciones y organismos públicos (tanto nacionales, como autonómicos, como provinciales, como locales). Las decisiones de la inversión del dinero público tienen impacto y efecto dentro del ámbito territorial concreto de la competencia de ese organismo público.

Así, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Murcia desde el 2012 hasta el 2015, ambos inclusive, los Presupuestos reflejaban una mayor inversión de 2.588.613 Euros en “Fiestas Populares y Festejos” que en “Atenciones Benéficas y Asistenciales”.

Esta aplicación del dinero público es una decisión que toma la Corporación Local y que, desde luego, si se cambiaran las tornas, probablemente la situación de cohesión y necesidad social no sería la misma. Es triste y es lamentable que un Ayuntamiento de una ciudad tan grande como Murcia destine más dinero a Festejos Populares que a las atenciones benéficas y asistenciales.

No hay que olvidar que las diferencias sociales también se palian con medidas que no impliquen hacer aportaciones dinerarias directas a los ciudadanos (aunque también). Por ejemplo, si existen clases sociales con reducidas capacidades económico-financieras, hay que invertir para que esas personas puedan disfrutar de ciertos derechos, medios y recursos (por ejemplo, de transporte, sanitarios y educativos) que permitan, en cierta forma, paliar su carencia de poder adquisitivo (y de esta forma no se vea mermada su poca capacidad con ciertos gastos y costes que pueden ser atendidos por los organismos públicos directa o indirectamente).

La planificación urbanística de una ciudad también es otro ejemplo de medidas que se pueden adoptar para atender las necesidades de la ciudadanía. Así, por ejemplo, en la ciudad de Murcia, en relación con el Tranvía, los organismos públicos tomaron la decisión de llevar las primeras líneas del Tranvía de la ciudad hasta los centros comerciales y el campo de fútbol de la Nueva Condomina. Una decisión que hubiera luchado por los derechos sociales y de integración de la sociedad habría sido que la primera línea conectase el centro de la ciudad con el Hospital de referencia de la ciudad (La Arrixaca).

En cualquier caso, todos los ciudadanos somos jueces y parte de esta desigualdad que se ha generado. Si se sigue votando al partido político que ha agravado de forma estrepitosa la situación de crisis social que se vive en España, el rumbo está marcado porque no van a cambiar una coma de su ruta. Los que han votado al Partido Popular tienen que saber que su voto ha ido a apoyar a un partido político que promueve, con sus políticas y sus decisiones, la desigualdad y la fragmentación de la ciudadanía. Eso es falta de solidaridad con el prójimo.