El pasado domingo 9 de octubre finalizó el plazo para la participación en los Presupuestos Participativos de la Región de Murcia (que inicialmente estaba previsto que finalizara el viernes 7 de octubre tal y como se puede comprobar en http://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-regional-amplia-octubre-plazo-consulta-ciudadana-presupuestos-participativos-20161005131229.html).
Los Presupuestos Participativos son una herramienta útil y necesaria para fomentar la transparencia y la participación activa de los ciudadanos. No obstante, en relación con los Presupuestos Participativos anunciados por el equipo de gobierno de la Región de Murcia han existido ciertas cuestiones que, en mi opinión, deberían valorarse y analizarse.
En primer lugar, hay que señalar que no están publicadas las bases formales. Se supone que los Presupuestos Participativos son un instrumento de participación ciudadana con el fin de fomentar la transparencia. Por tanto, persiguiendo la finalidad aparente de la transparencia, lo primero que tendrían que ser los Presupuestos Participativos es transparentes en su origen. Debería existir unas bases formales aprobadas y publicadas en las que se regulase expresamente, como mínimo, el procedimiento, el efecto de la participación, la consecuencia jurídica y el carácter del resultado que arroje la participación.
En segundo lugar, no ha quedado claro, en ningún momento, si el resultado de la participación ciudadana sería (o no) decisivo o vinculante; o si, al contrario, no tendría ningún efecto en el destino de los fondos. Este es uno de los aspectos fundamentales de un Presupuesto Participativo puesto que la finalidad de los mismos es esencial para la participación ciudadana.
En tercer lugar, no ha estado determinada la naturaleza jurídica de los Presupuestos Participativos. En un sitio de la página web (http://transparencia.carm.es/presupuestos-participativos) se decía que se trataba de una herramienta mediante la cual “la ciudadanía puede decidir el destino de una parte de los recursos públicos”, mientras que en otros sitios de la misma página web se decía que “se plantean como una experiencia piloto”.
En cuarto lugar, tampoco ha quedado claro en ningún caso si el importe de una determinada partida (v.gr. Economía Social) puede acabar destinado a un proyecto de otra partida (v.gr. Promoción del Deporte); o si, por el contrario, únicamente se puede decidir el destino de proyectos dentro de una partida ya aprobada (v.gr. dentro de Promoción del Deporte al concreto proyecto de la Federación de Balonmano).
Al margen de las anteriores consideraciones, como ciudadano, me resulta un tanto extraño (y hasta me chirría) las concretas partidas que han puesto a disposición de la participación ciudadana. Es sorprendente que más del 50% de los Presupuestos sometidos a consulta pública se correspondan con Economía Social (y que además ese importe sea proporcionalmente elevado dentro del conjunto de los fondos que recibe la Economía Social).
De igual forma, llama la atención que no estén incluidas otras partidas presupuestarias de otros sectores económicos y otras actividades. Imagínense ustedes qué habría ocurrido si otras partidas presupuestarias de otros sectores hubieran formado parte de este procedimiento y qué habría decidido la ciudadanía respecto a esas otras partidas presupuestarias.
Todo parece apuntar a que el equipo de gobierno de la Región de Murcia únicamente ha trasladado a los Presupuestos Participativos, aquellas cuestiones que pueden tener un impacto más mediático y que no les perjudique en las relaciones con otros agentes económicos fuertes, relevantes y con influencia. Esto es un grave error puesto que en unos Presupuestos Participativos debería darse participación a aspectos más importantes y poner a todos los sectores en juego (no todo lo que se destina a cada sector, pero si ciertas partidas y, desde luego, no un volumen elevado de un concreto sector).
Adicionalmente a lo que se ha expuesto anteriormente, es importante poner de manifiesto que es incoherente que se pretenda impulsar un instrumento de participación ciudadana sin haber cumplido con el requisito previo establecido en los artículos 29.3 y 30.5 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Dichos artículos establecen la obligación de desarrollar, reglamentariamente, las medidas para fomentar y facilitar la participación efectiva, así como las garantías y derechos de los ciudadanos en los procesos participativos. A día de hoy, dicho desarrollo reglamentario no se ha aprobado formalmente.
Es decir, ¿qué garantías ofrece un procedimiento de participación ciudadana si no está aprobado el procedimiento y cauce adecuado para que se puedan llevar a efecto las medidas de participación ciudadana?
De hecho, estas garantías del procedimiento de los Presupuestos Participativos que ha impulsado el gobierno autonómico de la Región de Murcia están puestas en duda toda vez que el equipo de gobierno decidió, libre y arbitrariamente (y sin justificación), ampliar el plazo para participar en los Presupuestos Participativos. Esto, claramente, ha viciado todo el procedimiento (invalidándolo por completo). Al no existir un procedimiento reglado de participación ciudadana, el gobierno autonómico del Partido Popular ha podido actuar discrecionalmente vulnerando las garantías de transparencia del procedimiento de participación ciudadana.
En definitiva, existía una oportunidad magnífica para que la Región de Murcia fuera impulsora de este instrumento de participación ciudadana (como se ha encargado de difundir cierto sector de la prensa para goce y satisfacción del equipo de gobierno autonómico), pero se ha desaprovechado por culpa directamente imputable a la dejación de funciones de los miembros del equipo de gobierno autonómico (de lo cual, para desgracia de la ciudadanía, ningún sector de la prensa hace alusión).
Tomás Gil Fuentes 